El diagnóstico de FPA ha provocado un perjuicio inmediato y grave, dejando a 39 granjas catalanas confinadas durante un año y resultando en el cierre de las exportaciones por parte de 20 países.
El sector porcino español se encuentra inmerso en una «paradoja devastadora», denunciada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tras la reciente detección de la Fiebre Porcina Africana (FPA) en jabalíes en Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Esta situación ha puesto en evidencia una profunda negligencia en el control de la fauna salvaje, que contrasta dramáticamente con el esfuerzo inversor de los ganaderos.
El riesgo es inmenso, ya que están en juego casi 9.000 millones de euros en exportaciones y el futuro de 80.000 granjas en España. Ante esta negligencia sistemática, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG exige un Plan Nacional de Gestión de Fauna Salvaje 2025-2030.
Este plan debe incluir la coordinación obligatoria entre las CC.AA., establecer cupos mínimos de caza según la densidad poblacional, e imponer sanciones por incumplimiento de los objetivos de control, exigiendo responsabilidad y acción institucional.
En las últimas dos décadas, los porcicultores han transformado sus explotaciones en «verdaderas fortalezas sanitarias», consideradas las granjas más bioseguras de Europa. Han invertido ingentes cantidades de dinero en el cumplimiento de las normativas europeas de bioseguridad, bienestar animal y trazabilidad. La inversión inicial en bioseguridad por explotación ha oscilado entre 135.000 y 240.000 euros.
Entre las medidas implementadas se encuentran:
- Vallas perimetrales con doble valla y enterrado anti-jabalí (entre 80.000 y 150.000 €).
- Vados sanitarios y arcos de desinfección (entre 25.000 y 40.000 €).
- Vestuarios con zona limpia y sucia y duchas obligatorias para el personal (entre 30.000 y 50.000 €).
A esta inversión inicial se suman más de 75.000 euros anuales en costes operativos de bioseguridad, como mantenimiento, productos, auditorías y formación.
Mientras los ganaderos invertían, las administraciones, a nivel nacional y autonómico, permitieron que la población de jabalíes en España se multiplicara por seis en las últimas tres décadas. El número de ejemplares pasó de 200.000 en 1990 a más de 1.300.000 en 2024. Este aumento descontrolado no fue abordado con ningún plan de control efectivo.
La falta de acción se debe a un grave problema estructural que incluye:
- Fragmentación territorial: 17 Comunidades Autónomas con 17 políticas de caza diferentes.
- Politización: Prohibiciones de caza sin alternativas de control, a menudo por presión animalista.
- Falta de coordinación: Ausencia de comunicación efectiva entre Medio Ambiente y Agricultura.
- Ausencia de vigilancia epidemiológica: No se monitorizaban los jabalíes en zonas críticas.
Adaptado e ilustrado por Acontecer Agropecuario de «La paradoja ‘devastadora’ que vive el sector porcino español» publicado en Qcom.Es
