• Resulta preocupante que no se haya establecido un acercamiento directo con el sector para conocer de primera mano nuestros procesos, avances y prácticas, lo que limita una evaluación integral y objetiva de la Relatoría de la ONU.
• Reiteramos nuestra total disposición a abrir un diálogo técnico, transparente y constructivo con el señor Orellana y todos los actores involucrados, para construir soluciones basadas en evidencia científica que complementen la ciencia ciudadana.
Ante la reciente declaración preliminar del Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, desde el sector porcícola mexicano expresamos nuestra preocupación por el uso de conceptos y generalizaciones que no reflejan la complejidad ni la realidad diversa de esta actividad productiva en el país.
La porcicultura es una actividad estratégica para la seguridad y soberanía alimentaria, el empleo y el desarrollo regional. En México, miles de unidades de producción operan bajo marcos regulatorios establecidos y han avanzado de manera significativa en la incorporación de tecnología, procesos de tratamiento y mejores prácticas ambientales, además, mantenemos un diálogo con autoridades ambientales federales, estatales y municipales, siendo los primeros en promover las buenas prácticas y la transparencia, tal como consta en los ejes estratégicos de la Visión 2035 y en el Plan México para la Porcicultura.
En este contexto, resulta fundamental evitar enfoques que simplifican una realidad compleja y generan percepciones que pueden distorsionar el análisis técnico y obstaculizar la construcción de soluciones efectivas.
Por otro lado, lamentamos que el señor Marcos Orellana no se haya acercado al sector porcícola para conocer nuestra voz, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transparencia con cualquier solicitud de información requerida del quehacer porcícola en Yucatán o en cualquier otro estado del país, ofrecimiento que reiteramos en este momento y mantenemos abierto y a disposición del Relator.
En OPORMEX consideramos que es indispensable que cualquier evaluación sobre nuestra actividad se base en evidencia verificable, diferenciación entre niveles de cumplimiento y un análisis objetivo de las condiciones específicas de cada unidad productiva. Generalizar no solo es impreciso, sino que debilita los esfuerzos de quienes sí cumplen y han invertido en mejorar su desempeño ambiental.
Asimismo, es importante subrayar que en México existen instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, y que el fortalecimiento de estos mecanismos debe ser parte central de cualquier ruta de solución.
Sabemos que nuestra actividad es perfectible, pero nuestro compromiso con la sostenibilidad es total, por ello nos consideramos parte de la solución y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley y la mejora continua de sus procesos.
Reconocemos también que existen retos que debemos atender con seriedad y responsabilidad y siempre hemos rechazado cualquier práctica fuera del marco normativo, al contrario, en todo momento hemos estado dispuestos a colaborar con autoridades, academia y comunidades en la construcción de soluciones sostenibles.
México necesita producir alimentos de manera responsable, pero también requiere que el debate público se conduzca con rigor técnico, responsabilidad narrativa, voces integrales y apertura al diálogo. Nosotros estamos listos para ser parte activa de esta conversación y transparentar nuestros procesos, quedamos a la espera que el señor Orellana acepte la invitación.
¿Qué se dice sobre la porcicultura en la Declaración de cierre de misión del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para la ONU a México?
El informe del relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para la ONU Dr. Marcos Orellana es muy amplio y puede consultarse en su totalidad en Visita del Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, a México.
En lo que compete a la porcicultura estas son sus observaciones:
Fábricas de animales en Yucatán, específicamente de cerdos
El estado de Yucatán se caracteriza por su amplia biodiversidad y suelo kárstico, la existencia de mantos acuíferos que han sostenido a las comunidades, pueblos y ecosistemas circundantes durante generaciones, y la presencia considerable de Pueblos Indígenas, mayoritariamente Maya. Durante la última década, el número de fábricas de cerdos (también conocidas algo eufemísticamente como granjas porcícolas) ha aumentado de manera descontrolada y exponencial. Así mismo, he sido informado por organizaciones de la sociedad civil sobre la existencia de numerosas granjas avícolas, cuyos impactos también empiezan a verse en las comunidades donde se instalan.
Esto ha ocasionado que actualmente existan más de quinientas fábricas de cerdos en las inmediaciones de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. La mayoría de estas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos. Son fábricas que van desde los 50 mil cerdos, las que han sido levantadas sin consulta en comunidades de alrededor de 1500 personas habitantes. Como solución las autoridades y empresas han planteado la instalación de biodigestores, pero estos no solucionan el problema tóxico. Más bien, los biodigestores generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día.
La descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes- sitio protegido por el Convenio de Ramsar- afecta de manera adversa los derechos de las comunidades. Además, las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmosféricas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono. Por otra parte, me resultan preocupantes la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo.
La clausura de la fábrica de cerdos en Santa María Chi es un paso positivo. Tras cerca de diez años, el gobierno federal está tomando acción, incluyendo inspecciones. Sin embargo, me preocupa especialmente el hecho de que muchas otras fábricas, según se informa, continúan operando a pesar de la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a los Pueblos y comunidades Indígenas. Por lo tanto, aliento al Estado a implementar de forma coordinada e interinstitucional las medidas necesarias para que los pueblos puedan tomar una decisión con base en procesos de participación amplios y efectivos en los que cuenten con toda la información accesible acerca de los impactos a la salud de estas instalaciones. Estas comunidades han venido soportando durante años olores fétidos y ruidos día y noche, plagas de moscas, y contaminación de sus aguas de pozo y el aire.
Una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición.
Considero también que es imperativo que las autoridades refuercen las medidas de supervisión y fiscalización sobre estos complejos, en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que tiendan a disuadir la libertad de expresión y asamblea, amenazar la labor de defensa a la naturaleza y criminalizar al pueblo Maya.
